Ante el crecimiento alarmante del delito de despojo en el estado, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para endurecer las penas y ampliar las agravantes en el Código Penal de Sonora.

La propuesta reforma el artículo 323 y adiciona el 323 Bis, elevando la sanción actual de 1 a 6 años de prisión, a 5 a 10 años de cárcel, además de aumentar significativamente las multas.

“En Sonora el despojo se convirtió en un delito de alta rentabilidad y bajo riesgo. Eso se acabó.

Vamos a cerrar la puerta a la impunidad y proteger el patrimonio de las familias”, afirmó la legisladora.

El delito se cuadruplicó y casi no hay sentencias
En los últimos cinco años, el despojo pasó de 80 casos en 2020 a 363 en 2024. De ellos, apenas el 4.3% ha sido sentenciado. Además, entre 2020 y mayo de 2025 se han iniciado mil 283 juicios por este delito.

Para la diputada Sallard, estas cifras reflejan una realidad preocupante:
“El marco legal actual no está inhibiendo el delito. Necesitamos penas proporcionales al daño que sufren las víctimas”.
Sonora, rezagado frente a otras entidades
Mientras en Sonora la pena máxima es de 6 años, en la Ciudad de México y el Estado de México las sanciones van de 5 a 10 años, además de contemplar más agravantes.

La iniciativa propone incorporar 12 agravantes, entre ellas:
Despojo con violencia o rompimiento de cerraduras.

Aprovechamiento de la ausencia del propietario.
Uso de documentación falsa o simulación de actos jurídicos.

Afectación a personas adultas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Participación de servidores públicos con acceso a información registral.

Defensa del patrimonio y de la vivienda digna
La legisladora subrayó que el despojo no sólo implica una pérdida económica, sino un golpe directo a la estabilidad familiar y emocional de las víctimas.

“Detrás de cada caso hay una familia que pierde su casa, su esfuerzo de años y su tranquilidad. Esta reforma es un mensaje claro: en Sonora vamos a defender la propiedad y la vivienda digna con toda la fuerza de la ley”, puntualizó.
Con esta iniciativa, se busca fortalecer la seguridad jurídica, frenar redes organizadas dedicadas al despojo y devolver la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.