Juan Carlos Puebla Pavlovich
En su especulación y análisis, la presidenta Claudia Sheinbaum partió su sexenio de una premisa incorrecta: que este país se puede gobernar.
México es ingobernable. Me lo comentó un gran amigo, analista político con trayectoria. En su especulación y análisis, Sheinbaum partió su sexenio de una premisa incorrecta: que este país se puede gobernar. Educada en la tecnocracia del grupo perredista de la CDMX y del obradorismo, la presidenta creyó que el Estado de derecho en el país funciona como en la capital. Desde que asumió la presidencia intentó, de la mano de sus hombres de confianza, como García Harfuch, retomar el control en materia de seguridad. El problema es que las sierras del norte, del sur y la ocupación territorial del crimen organizado han implementado un sistema complejo de operación en zonas del país abandonadas, en donde el imperio de la ley se desdibujó a tal grado que ellos dictan la vida social y política de esas regiones.
De ahí la pertinencia de que los gobernadores y los alcaldes asuman su responsabilidad en las labores de seguridad de sus regiones. Históricamente, desde el sistema político priista de antaño, los gobernadores, lejanos a la capital, han sido caciques que optaban por actuar por propia mano para pacificar sus estados; las fuerzas armadas y federales complementaban esas acciones. La constante centralización de la seguridad pública acostumbró a los gobiernos estatales a abandonar sus labores, pidiendo auxilio a la Sedena y al gobierno federal.
El caso Chihuahua sienta un precedente interesante. Maru Campos, gobernadora de oposición, fortaleció a su fiscalía y optó por tomar medidas autónomas para mostrar independencia frente a los elementos del Ejército y de la federación violentando la Constitución. Los estados fronterizos son de suma importancia para el gobierno de Estados Unidos, que desde la llegada de Donald Trump al poder ha optado por intervenir sistemáticamente en México. La muestra más clara de esta estrategia fue el nombramiento como embajador de Ronald Johnson, exfuncionario de la CIA, quien ha convertido a la embajada en un centro de inteligencia para salvaguardar los intereses estadounidenses en materia de crimen organizado en México. El discurso de soberanía nacional con el que se pretende linchar a Maru Campos, llamándola traidora a la patria por parte de la presidenta y de funcionarios de Morena, resulta contradictorio: los primeros en violentar la legalidad, en pro de la estrategia de seguridad estadounidense, han sido ellos mismos. Extradiciones de narcotraficantes sin procedimientos legales adecuados, operación de agentes extranjeros para capturar a un capo canadiense en suelo mexicano, el secuestro de “El Mayo” Zambada, entrada y salida constante de tropas norteamericanas en territorio nacional y un sinfín de ejemplos que han cedido el control y la inteligencia de la seguridad nacional a las presiones de la administración trumpista.
El gobierno de Chihuahua cometió errores garrafales en su manejo de crisis tras el descubrimiento de la operación de agentes de la CIA en suelo mexicano sin permiso federal, al intentar dar versiones infundadas que con el tiempo han sido desmentidas, cayendo así en una espiral de contradicciones que despiertan dudas y desenfocan la raíz del problema: Chihuahua sigue una estrategia de seguridad que el propio Estado mexicano impulsó al ceder poder a los estadounidenses.
La crisis institucional que exhibió a Chihuahua es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en los estados fronterizos; la única diferencia es que ese lo gobierna el PAN. Por ello, la presidenta pudo descalificar esas acciones y politizarlas sin atender la verdadera situación: México ha dado margen a Estados Unidos para operar en su territorio y, como dicta la historia, si a la CIA se le da entrada, difícilmente responderá a la autoridad local.
La soberanía se ha fragmentado desde hace décadas. En un país donde el crimen organizado controla territorios completos, tiene injerencia política y económica, la economía informal supera a la formal y el Estado cede ante las presiones del vecino del norte, resulta difícil hablar de una soberanía plena. El Estado como eje rector es, en buena medida, una construcción debilitada por años de abandono.
Menudo problema enfrenta la presidenta y su gobierno: están ante una crisis de gobernabilidad predecible y latente, pero negada desde el poder. Por otra parte, Maru Campos entró en una dinámica política adversa; muchos actores de Morena aprovecharán sus fallas para intentar desaforarla y, del juicio político al penal, hay solo un paso.
Ojalá que todos rectifiquen. En lugar de repartir culpas, sería momento de reconocer errores en los distintos órdenes de gobierno que nos han llevado a esta crisis de gobernabilidad. Porque, como dice la inscripción del Senado, la patria es primero.
Juan Carlos Puebla Pavlovich
