1 Proyecto de Ley para el Reconocimiento y Fomento de las Organizaciones Estudiantiles del Estado de Sonora.

• Presentado por el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, del Partido Acción Nacional.

• La propuesta busca establecer un marco jurídico que reconozca y fortalezca a las organizaciones estudiantiles dentro de las instituciones de educación superior, garantizando el derecho de las y los estudiantes a organizarse y participar en la vida universitaria.
• Asimismo, busca impulsar mecanismos de apoyo para el desarrollo de actividades estudiantiles, asegurar espacios dentro de las universidades para su funcionamiento y promover la transparencia en el uso de los recursos destinados a estas organizaciones.
• Fortalece la gobernanza universitaria, promueve la formación democrática de los estudiantes y garantiza que la voz del alumnado sea escuchada en las decisiones que afectan su formación académica y su vida universitaria.
• Contempla medidas para proteger a las y los estudiantes contra posibles represalias académicas derivadas de su participación estudiantil, así como acciones que favorezcan a estudiantes foráneos y fortalezcan la vinculación entre las universidades y el sector productivo para facilitar oportunidades de prácticas profesionales y empleo.
• Se propone la creación del Consejo Estatal de Participación Estudiantil de Educación Superior como un espacio permanente de diálogo entre estudiantes, instituciones educativas y autoridades del estado, con el propósito de fortalecer la participación estudiantil y mejorar la vida universitaria en Sonora.

1. Reforma en materia de publicidad de estímulos fiscales municipales.

• Presentada por los diputados David Figueroa Ortega (PVEM), Rebeca Silva Gallardo (NAS), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Juan Pablo Arenivar Martínez
• Reforma el artículo 30 y adiciona una fracción VII al artículo 6º y los artículos 30 BIS, 30 TER y 30 QUATER de la Ley de Hacienda Municipal.
• La modificación tiene el fin de fortalecer la facultad constitucional de los ayuntamientos para determinar su política fiscal y otorgar estímulos o beneficios tributarios mediante la incorporación de reglas mínimas de transparencia, publicidad y certeza jurídica que permitan a la ciudadanía conocer con claridad las condiciones bajo las cuales pueden acceder a dichos beneficios.
• Actualmente, no existe una regulación específica que establezca las bases generales para el otorgamiento de beneficios fiscales, ni hay mecanismos que obliguen a los ayuntamientos a emitir reglas de carácter general que definan con claridad las condiciones, requisitos y alcances para acceder a tales beneficios.
• Esto genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes, quienes carecen de información accesible sobre los apoyos disponibles. Y abre, a su vez, espacios de discrecionalidad que resultan contrarios a los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la gestión de los recursos públicos.
• Vincula prórrogas, parcialidades y demás beneficios fiscales a bases generales previamente emitidas.
• Reconoce formalmente la facultad municipal de establecer estos apoyos y regular su ejercicio, así como la obligación de definir en sus bases las contribuciones aplicables, los sectores beneficiados, los porcentajes de descuento, la vigencia y la justificación social o económica.
• Además, establece que los estímulos únicamente surtirán efectos cuando sean publicados tanto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado como en los portales electrónicos oficiales de cada municipio.

1. Reforma en materia de simplificación y digitalización de trámites ambientales.

• Presentada por el diputado Omar Del Valle Colosio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
• Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Tiene por objeto modernizar el marco jurídico estatal en materia ambiental mediante la incorporación de herramientas
  digitales que permitan simplificar, agilizar y hacer más accesibles los trámites y
  procedimientos administrativos ambientales.
• Establece mecanismos jurídicos que permitan la presentación digital de solicitudes, promociones, avisos, cédulas y demás actuaciones relacionadas con los trámites ambientales.
• Otorga certeza jurídica al uso de medios electrónicos dentro de los procedimientos administrativos en materia ambiental.
• Facilita el seguimiento de los expedientes por parte de los promoventes y de la autoridad.
• Reduce cargas materiales y costos asociados al manejo exclusivamente físico de expedientes.
• Fortalece la eficiencia administrativa de CEDES y, en su caso, de los ayuntamientos competentes.
• Modifica la Licencia Ambiental Integral, un procedimiento mediante el cual las personas interesadas deben solicitar permisos, licencias, autorizaciones y demás actos administrativos en materia ambiental ante la autoridad competente.
• Entre dichos trámites se encuentran la solicitud de licencia ambiental integral, los permisos para combustión a cielo abierto, la autorización para operar centros de verificación vehicular, el registro como generador de residuos de manejo especial, la aprobación de planes de manejo integral de residuos de manejo especial, el permiso para la prestación del servicio de transporte de residuos de manejo especial, así como la presentación y evaluación de la Cédula de Operación Anual.
• Bajo el esquema vigente, dichos trámites se realizan primordialmente de forma escrita y presencial, una dinámica genera cargas administrativas relevantes para los promoventes, quienes deben realizar traslados físicos, integrar expedientes impresos y asumir costos asociados a papel, impresión, copias y otros insumos materiales.